Los límites de ocupación y los costes de adaptación podrían trasladarse al precio de las habitaciones y las plazas compartidas, según expertos inmobiliarios. La normativa busca mejorar la seguridad, reducir el hacinamiento y proteger a los residentes.
La regulación de las viviendas compartidas en Dubái podría aumentar el coste del alojamiento para algunos residentes. Aunque el nuevo marco pretende ordenar este segmento del mercado y mejorar las condiciones de habitabilidad.
El principal motivo es que regularizar los alojamientos existentes no supone, por sí mismo, crear nuevas viviendas. Además, los requisitos de espacio, los permisos y las adaptaciones necesarias pueden incrementar los costes de los propietarios y operadores. Parte de ese gasto podría repercutirse en los ocupantes.
Uno de los factores que más puede influir en el precio es la reducción del número de personas autorizadas a compartir una vivienda. Si un apartamento pasa a alojar a menos residentes, el alquiler y los gastos comunes deben repartirse entre un grupo más pequeño.
Este cambio puede traducirse en un mayor desembolso individual, incluso aunque el precio total del apartamento permanezca estable. Se trata de una previsión sobre determinados alojamientos compartidos, no de una subida general confirmada para todo el mercado residencial de Dubái.
La Ley número 4 de 2026 establece un marco para la gestión y ocupación de estos inmuebles. Entre sus objetivos figuran prevenir el hacinamiento, corregir usos irregulares de los edificios y ofrecer condiciones de alojamiento seguras y saludables.
La Municipalidad de Dubái supervisa este tipo de vivienda y determina aspectos como la ocupación máxima, el espacio asignado a cada residente y las instalaciones comunes necesarias. También establece las áreas donde puede desarrollarse la actividad. Por su parte, el Departamento de Tierras de Dubái gestiona el registro electrónico y los requisitos de los contratos.
El pasado 7 de octubre, la Municipalidad presentó una guía de requisitos urbanísticos y de edificación para aplicar la normativa. Entre las zonas mencionadas para el alojamiento compartido figuran Al Souq Al Kabeer, Al Ras, Al Warqa 1, Al Barsha 1, Al Muraqqabat y Al Rigga.
Las condiciones difundidas incluyen una superficie mínima de dormitorio de cinco metros cuadrados por persona. Para el alojamiento de familias, se contempla un dormitorio independiente con baño propio para cada familia, una medida orientada a reforzar la privacidad y la comodidad.
La ubicación, sin embargo, no basta para considerar autorizado un alojamiento. Que una vivienda esté dentro de una zona permitida no significa que cualquier apartamento o edificio pueda convertirse automáticamente en vivienda compartida: también debe cumplir los requisitos y contar con las autorizaciones correspondientes.
La regulación aporta mecanismos para dar mayor transparencia a un mercado donde parte de la oferta ha funcionado de manera informal. Sin embargo, mejorar la calidad del alojamiento y mantener precios accesibles siguen siendo dos retos distintos. El efecto sobre los residentes dependerá de cómo se adapte la oferta y de la disponibilidad de alternativas asequibles.
